POLÍTICA NACIONAL | DERECHOS HUMANOS | VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Después de un operativo que dejó cientos de personas asistidas, periodistas heridos y seis detenidos, entre ellos dos adolescentes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, presentó una denuncia penal contra manifestantes no identificados. Mientras el Gobierno insiste en responsabilizar a supuestos grupos violentos, más de 40 organizaciones recurrieron a Naciones Unidas y denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza. La represión vuelve a colocar a la administración de Javier Milei bajo cuestionamiento por su política de seguridad.
La secuencia parece repetirse con una precisión inquietante. Primero, miles de personas salen a las calles para reclamar por sus derechos. Después llegan los camiones hidrantes, los gases lacrimógenos, las balas de goma y las detenciones. Finalmente, cuando las imágenes de la violencia policial recorren los medios de comunicación, el Ministerio de Seguridad presenta una denuncia judicial para instalar su propia versión de los acontecimientos.
Esta vez, el escenario fue la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones sociales se movilizaron para exigir que el gobierno de Javier Milei cumpliera con la legislación de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y con las resoluciones judiciales vinculadas a su aplicación.
Sin embargo, la jornada terminó con un despliegue represivo que, según los organismos de derechos humanos, dejó un saldo de cientos de personas afectadas, trabajadores de prensa heridos y denuncias por graves irregularidades en la actuación policial.
Lejos de anunciar una investigación administrativa sobre la conducta de los efectivos, la ministra Alejandra Monteoliva impulsó una denuncia penal contra manifestantes por presuntos delitos de resistencia y atentado contra la autoridad, lesiones y daños.
Una marcha por la educación que terminó entre gases y balas de goma
El operativo comenzó a escalar alrededor de las 15.30, cuando los camiones hidrantes avanzaron sobre los manifestantes y comenzaron a lanzar chorros de agua.
Aproximadamente quince minutos después, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos. La intensidad del despliegue fue tal que los gases alcanzaron sectores del Congreso y del edificio anexo de la Cámara de Diputados.
Poco después de las 16, comenzaron a conocerse los primeros casos de personas heridas de gravedad, entre ellas una mujer que sufrió una lesión en la cabeza aparentemente provocada por un proyectil disparado desde un lanzagases.
La escena despertó recuerdos de la represión del 12 de marzo de 2025, cuando el fotógrafo Pablo Grillo sufrió una gravísima lesión craneal durante una movilización frente al Congreso.
Para los organismos de derechos humanos, el paralelismo no es solamente visual. También está relacionado con el empleo de armamento antidisturbios de manera potencialmente peligrosa y con la falta de garantías para quienes participan de manifestaciones públicas.
Periodistas en la mira: cuando registrar la represión también se vuelve peligroso
Uno de los aspectos más preocupantes del operativo fue la cantidad de trabajadores de prensa afectados.
El fotógrafo de Página/12 Guido Piotrkowski recibió dos impactos de bala de goma en el tórax. Una imagen registró a un efectivo de la Policía Federal apuntando directamente hacia su posición.
La periodista Laura Quispe, de TeleSISA, recibió nueve impactos de bala de goma y debió ser asistida en el Hospital Ramos Mejía.
Otros fotógrafos, camarógrafos y periodistas sufrieron lesiones en brazos, piernas y tórax.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó alrededor de 50 trabajadores de prensa que padecieron heridas o algún tipo de afectación durante el operativo.
Las imágenes difundidas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también mostraron a integrantes de las fuerzas de seguridad apuntando directamente hacia manifestantes, incluso a la altura de los ojos.
Estas situaciones plantean una preocupación que trasciende la libertad de manifestación: cuando los periodistas resultan atacados mientras documentan un procedimiento policial, también se compromete el derecho de toda la sociedad a recibir información.
Ochocientos efectivos y más de 500 personas asistidas
Las cifras difundidas por la Comisión Provincial por la Memoria permiten dimensionar la magnitud del operativo.
800
Efectivos estimados en el operativo
550
Personas que requirieron asistencia
120
Granadas lacrimógenas disparadas, como mínimo
6
Personas detenidas o aprehendidas, incluidos dos menores
Datos relevados por la CPM y organismos de derechos humanos, según la investigaciones periodisticas.
Otro episodio que despertó sospechas fue registrado por las cámaras de televisión durante la noche del jueves. Efectivos de Gendarmería fueron filmados recogiendo cartuchos utilizados durante la represión y colocándolos en bolsas.
La secuencia generó interrogantes sobre la preservación de posibles elementos probatorios. Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten establecer si existió una maniobra deliberada para ocultar pruebas.
Dos adolescentes detenidos y la aplicación del régimen penal juvenil
Entre los episodios denunciados aparece la aprehensión de dos estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda, de 14 y 17 años.
Los adolescentes fueron interceptados alrededor de las 17.11, cuando la movilización comenzaba a desconcentrarse, en las inmediaciones de Montevideo y Sarmiento.
El joven de 17 años fue imputado por resistencia a la autoridad y deberá afrontar una causa bajo el nuevo régimen penal juvenil. El adolescente de 14 años permaneció retenido aproximadamente dos horas, según la información difundida por organismos que intervinieron en el seguimiento de las detenciones.
También fueron detenidas cuatro personas adultas, posteriormente liberadas, que enfrentan acusaciones por resistencia a la autoridad.
La situación de los menores motivó especial preocupación por parte de organizaciones de derechos humanos, que reclamaron garantías procesales y el cumplimiento de los estándares internacionales de protección de niños, niñas y adolescentes.
Monteoliva contraataca: una denuncia sin manifestantes identificados
Mientras crecían las denuncias por el accionar policial, el Ministerio de Seguridad decidió trasladar la disputa a los tribunales federales.
La presentación fue realizada por Germán Pugnaloni, funcionario de enlace con el Poder Judicial, y Lisandro Franco, director nacional de Normativa, ambos dependientes de la cartera conducida por Alejandra Monteoliva.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.
El dato más llamativo es que, según la información publicada, la presentación no identifica individualmente a los manifestantes acusados.
El Ministerio sostuvo que personas con los rostros cubiertos provocaron incidentes violentos y buscaron alterar el orden público e impedir el funcionamiento legislativo.
La ministra defendió el operativo a través de sus redes sociales, donde calificó a los participantes de los incidentes como "los mismos violentos de siempre" y sostuvo que quienes cometan delitos deberán responder ante la Justicia.
El Gobierno presenta la intervención policial como una respuesta necesaria frente a situaciones de violencia. Los organismos de derechos humanos, por el contrario, sostienen que existió un despliegue abusivo y desproporcionado contra una movilización legítima.
La existencia de incidentes individuales, aun cuando sean comprobados, no exime al Estado de justificar la necesidad y proporcionalidad de cada intervención policial.
Más de 40 organizaciones llevaron el caso a Naciones Unidas
La respuesta de los organismos de derechos humanos no se limitó a cuestionamientos públicos.
El CELS, acompañado por más de 40 organizaciones estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, solicitó la intervención de relatorías de la Organización de Naciones Unidas y del Comité de los Derechos del Niño.
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal por la actuación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Ciudad.
La presentación fue encabezada por referentes como Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también cuestionó el procedimiento y denunció el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza.
Estas intervenciones colocan el conflicto en un terreno institucional particularmente delicado: ya no se trata únicamente de las diferencias entre el Gobierno y quienes protestan, sino de determinar si las fuerzas de seguridad actuaron dentro de los límites establecidos por la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
El Congreso, el DNU 70 y una coincidencia políticamente incómoda
La represión se produjo en una jornada de fuerte tensión parlamentaria.
Mientras miles de personas reclamaban por el financiamiento universitario, la oposición intentaba avanzar con una sesión especial para tratar el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, una de las herramientas centrales del programa de reformas de Javier Milei.
El oficialismo consiguió impedir que prosperara la sesión por falta de quórum.
En ese contexto, la acusación gubernamental de que los manifestantes pretendían obstaculizar el funcionamiento del Congreso adquirió una dimensión política particular.
La oposición sostuvo que el propio Gobierno tenía interés en evitar el debate legislativo sobre el decreto.
No obstante, la simultaneidad de la represión y la disputa parlamentaria no demuestra por sí sola que existiera una orden de utilizar la fuerza para impedir la sesión. Esa hipótesis requiere pruebas y una investigación independiente.
La protesta social no puede convertirse en un delito
La discusión de fondo supera ampliamente la actuación de una ministra o los incidentes de una jornada.
Desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei, la política de seguridad frente a las manifestaciones públicas se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos.
El oficialismo defiende su política de mantenimiento del orden público como una respuesta a los cortes de calles, los episodios de violencia y las alteraciones de la circulación.
Sus críticos advierten que la aplicación de esos criterios puede terminar restringiendo derechos constitucionales, especialmente cuando se utilizan armas menos letales de manera indiscriminada o se interviene contra personas que no están ejerciendo violencia.
El derecho a protestar no implica autorización para cometer delitos. Pero tampoco habilita a las fuerzas estatales a utilizar cualquier nivel de fuerza para dispersar una concentración.
Esa distinción resulta fundamental en un Estado democrático.
La actuación de las fuerzas de seguridad debe estar sometida a controles judiciales, administrativos y políticos, independientemente de la orientación ideológica del gobierno de turno.
La pregunta que el Gobierno todavía debe responder
La denuncia impulsada por Monteoliva abre un nuevo capítulo judicial, pero no resuelve los interrogantes que dejaron las imágenes del jueves.
¿Quién autorizó los disparos de balas de goma hacia trabajadores de prensa? ¿Qué instrucciones recibieron los efectivos? ¿Por qué se utilizaron gases lacrimógenos en las inmediaciones del Congreso? ¿Se respetaron los protocolos para el empleo de lanzagases y camiones hidrantes? ¿Qué ocurrió con los cartuchos recogidos por Gendarmería?
Son preguntas que necesitan respuestas documentadas, no solamente declaraciones políticas.
La denuncia contra manifestantes deberá investigarse con las garantías correspondientes. Del mismo modo, las acusaciones por violencia institucional requieren una investigación exhaustiva que permita establecer responsabilidades individuales y jerárquicas.
Porque la autoridad de un gobierno no se mide por la cantidad de efectivos que despliega frente a una multitud, sino también por su capacidad para garantizar que esos efectivos respeten la ley.
La educación pública volvió a llevar miles de personas a las calles. El Gobierno respondió con un operativo cuestionado por organismos nacionales e internacionales y después recurrió a los tribunales para denunciar a manifestantes.
Ahora será la Justicia la que deba establecer qué delitos se cometieron y quiénes fueron sus responsables.
Pero hay una discusión política que ninguna presentación judicial puede clausurar: en una democracia, reclamar por la universidad pública no debería implicar exponerse a recibir un disparo, terminar en un hospital o ser detenido por participar de una movilización.
Y mucho menos debería convertirse en una situación en la que quienes ejercen el derecho a protestar deban justificar su presencia en las calles, mientras el Estado demora en explicar el uso de la fuerza.
