Milei atribuyó el endeudamiento de las familias a los televisores que compraron en el Mundial y la CAME salió al cruce

El Presidente hizo la afirmación durante el acto por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa rechazó su interpretación y señaló que el endeudamiento está relacionado con la pérdida de poder adquisitivo y el uso del crédito para afrontar gastos cotidianos.

El endeudamiento de los hogares volvió a quedar en el centro de la discusión económica luego de una particular explicación del presidente Javier Milei. Durante su discurso por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, el mandatario vinculó parte del aumento de la morosidad de las familias con las compras realizadas durante el Mundial de fútbol.

La frase presidencial generó una rápida respuesta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que rechazó la idea de que el problema pueda explicarse principalmente por la adquisición de televisores y sostuvo que detrás del incremento de las deudas existe un deterioro de los ingresos y una mayor necesidad de recurrir al crédito para sostener el consumo básico.

Qué dijo Milei sobre los televisores

El Presidente planteó su explicación durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí sostuvo:

“El efecto mundial. Si ustedes se fijan, una de las cosas que genera los problemas de créditos, ¿qué pasa? Vino el mundial, ¿saben qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos, ¿y qué hacían? Se llevaban televisores para el mundial”.

La argumentación de Milei apuntó a relacionar el aumento de la morosidad con decisiones de consumo tomadas durante la competencia deportiva. En ese marco, el mandatario sostuvo que muchas personas habrían asumido créditos para adquirir televisores y posteriormente dejaron de cumplir con los pagos.

En otras declaraciones vinculadas con el mismo argumento, el Presidente afirmó que quienes habían comprado esos productos terminaron incrementando sus niveles de endeudamiento. La explicación fue formulada en un contexto en el que los indicadores de morosidad de los hogares se mantienen elevados.

El planteo presidencial también incorporó una referencia a las apuestas online y su relación con el Mundial, según distintos reportes sobre su discurso.

La respuesta de la CAME

La explicación fue cuestionada por Salvador Femenía, vocero de la CAME, quien puso el foco en una cuestión diferente: la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

Consultado por el origen del endeudamiento, Femenía fue categórico:

“Es por la caída del poder adquisitivo”.

Para la entidad empresaria, el problema no pasa fundamentalmente por el consumo de bienes considerados suntuarios, sino por las dificultades que enfrentan las familias para sostener sus gastos habituales con sus ingresos.

Femenía explicó que el crédito tampoco funciona actualmente como un motor expansivo del consumo porque una parte importante de la población enfrenta tasas elevadas, no califica para nuevos préstamos o ya agotó su capacidad de endeudamiento.

“Falta una pata para impulsar el consumo, es el crédito”, explicó el representante de la CAME, al señalar que muchas personas no pueden acceder a nuevos préstamos porque las tasas son demasiado altas, no cumplen los requisitos o ya tienen un nivel de deuda que les impide continuar utilizando tarjetas y créditos personales.

Crédito para comprar alimentos y ropa

El contraste entre las dos explicaciones aparece con mayor claridad cuando se observa para qué utilizan las familias el financiamiento.

Según Femenía, una parte de los hogares recurre al crédito para afrontar gastos que no tienen relación con televisores u otros bienes extraordinarios. Entre ellos mencionó alimentos, calzado e indumentaria, especialmente en familias con hijos.

“Alimentos, también calzado, indumentaria, que también son realmente cosas necesarias para todos los días”, sostuvo el dirigente empresario.

De esta manera, la discusión dejó de centrarse únicamente en la morosidad y pasó a involucrar una cuestión más profunda: la capacidad de los salarios para cubrir el costo de vida.

Un problema que excede al Mundial

Los datos citados en el debate muestran que el fenómeno del endeudamiento familiar tiene una dimensión considerablemente mayor que la compra de televisores. La morosidad de los hogares se mantiene elevada y afecta tanto a los préstamos personales como a las tarjetas de crédito y a otras modalidades de financiamiento.

Un análisis difundido en los últimos días también señaló que millones de personas se encuentran endeudadas con bancos y proveedores no financieros de crédito y que la mora es particularmente elevada entre estos últimos.

El dato resulta relevante porque las deudas no necesariamente se originan en consumos extraordinarios. Una parte importante del financiamiento puede estar destinada a sostener gastos corrientes cuando los ingresos no alcanzan.

Dos miradas sobre el mismo fenómeno

El cruce entre Milei y la CAME expone dos interpretaciones diametralmente opuestas sobre el origen de la morosidad.

Por un lado, el Presidente pone el acento en las decisiones individuales de consumo, con el Mundial como ejemplo de un gasto extraordinario financiado con crédito.

Por otro, la CAME ubica el problema en la caída del poder adquisitivo, las dificultades de acceso al financiamiento y la necesidad de utilizar crédito para afrontar consumos esenciales.

La diferencia no es menor. Mientras la explicación presidencial coloca el foco en el comportamiento de los consumidores, la mirada empresaria apunta hacia la evolución de los ingresos y las condiciones económicas que llevan a los hogares a endeudarse.

En ese escenario, la discusión sobre los televisores adquiridos durante el Mundial termina funcionando como una puerta de entrada a un problema mucho más amplio: cómo están haciendo las familias argentinas para sostener sus gastos cuando el ingreso mensual ya no alcanza y el crédito comienza a convertirse en una herramienta para llegar a fin de mes.

la revolución tecnológica que está cambiando la cirugía de cataratas

La primera imagen no es la de un bisturí.Es la de un mapa.

En una pantalla de alta resolución, el ojo de un paciente aparece convertido en un territorio digital. Cada curvatura de la córnea, cada milímetro del cristalino y cada irregularidad de la superficie ocular han sido medidos con una precisión impensable hace apenas dos décadas. Antes de que el cirujano toque el ojo, la operación ya comenzó en una computadora.

Ese es el nuevo paradigma de la cirugía de cataratas.

Durante años, la intervención tuvo un único objetivo: retirar el cristalino opaco que impedía el paso de la luz y devolver la visión al paciente. Hoy la ambición es mucho mayor. La cirugía ya no busca solamente que la persona vuelva a ver; pretende que vea mejor que antes de desarrollar la enfermedad.

La tecnología está convirtiendo una operación reparadora en un procedimiento de medicina personalizada.

Una enfermedad tan común como el envejecimiento

Las cataratas forman parte del proceso natural de envejecimiento. Con el paso de los años, el cristalino pierde transparencia y la visión comienza a deteriorarse lentamente. Los colores pierden intensidad, la lectura se vuelve más difícil y conducir de noche puede convertirse en un desafío.

A partir de los 80 años, más del 70 % de las personas desarrolla algún grado de catarata. Pero los especialistas insisten en que el problema no es únicamente ver menos. La pérdida de visión reduce la autonomía, aumenta el riesgo de caídas, limita la vida social y puede acelerar el deterioro cognitivo en los adultos mayores. 

Del quirófano artesanal a la cirugía de precisión

La gran revolución comenzó con la facoemulsificación, una técnica que utiliza ultrasonidos para fragmentar el cristalino y extraerlo mediante una pequeña incisión.

Aquello redujo el tiempo quirúrgico, eliminó la necesidad de grandes cortes y permitió que miles de pacientes regresaran a sus casas pocas horas después de la intervención.

Pero ese avance fue apenas el comienzo.

Hoy los equipos de diagnóstico generan modelos tridimensionales del ojo. Los cálculos que antes dependían en gran medida de la experiencia del cirujano ahora incorporan algoritmos capaces de seleccionar con enorme exactitud el lente intraocular que mejor se adapta a cada paciente.

La medicina de precisión también llegó a la oftalmología.

El lente dejó de ser un simple reemplazo

Durante décadas, el lente intraocular tenía una única misión: sustituir el cristalino extraído.

Ahora puede hacer mucho más.

Los nuevos lentes tóricos corrigen el astigmatismo al mismo tiempo que eliminan la catarata. Los lentes multifocales o de visión simultánea permiten enfocar a distintas distancias y, en muchos casos, reducen o eliminan la necesidad de utilizar gafas para leer o conducir.

Para millones de personas, una sola cirugía puede resolver varios problemas visuales al mismo tiempo.

Los especialistas estiman que más del 90 % de los pacientes que reciben estas tecnologías manifiestan un alto grado de satisfacción con los resultados visuales, una cifra que hace apenas veinte años parecía inalcanzable.

La inteligencia ya no está sólo en las manos

Tradicionalmente, el éxito de una cirugía dependía casi exclusivamente del pulso y la experiencia del oftalmólogo.

Eso sigue siendo fundamental.

La diferencia es que hoy el cirujano cuenta con una enorme cantidad de información antes de comenzar el procedimiento.

Tomógrafos de última generación, biometría óptica de alta precisión, sistemas digitales de planificación quirúrgica y equipos capaces de medir con exactitud la anatomía ocular reducen el margen de error y permiten personalizar cada intervención.

La tecnología no reemplaza al médico.

Lo potencia.

Cada nuevo dato ayuda a tomar decisiones más precisas y a ofrecer mejores resultados para cada paciente.

El desafío pendiente: que la innovación llegue a todos

Paradójicamente, el principal obstáculo ya no parece ser tecnológico.

Es sanitario.

Los expertos coinciden en que las herramientas existen, los profesionales están preparados y la evidencia científica respalda su utilización. Sin embargo, el acceso sigue siendo desigual entre sistemas de salud, regiones e incluso entre hospitales de un mismo país.

A ello se suman procesos regulatorios que, aunque buscan garantizar la seguridad de los dispositivos médicos, pueden retrasar la incorporación de innovaciones ya disponibles en otros mercados.

La consecuencia es que muchos pacientes continúan recibiendo tratamientos eficaces, pero sin acceder a tecnologías que podrían ofrecerles una rehabilitación visual aún mejor.

El futuro ya empezó

Los avances no se detienen.

La integración de inteligencia artificial para planificar procedimientos, el perfeccionamiento de los láseres de alta precisión, los sistemas automatizados de navegación quirúrgica e incluso las primeras plataformas robóticas experimentales anticipan una nueva generación de cirugía ocular con niveles de precisión cada vez mayores. 

No significa que el médico desaparezca del quirófano.

Significa que dispondrá de herramientas capaces de reducir errores, optimizar decisiones y adaptar cada intervención a las características únicas del ojo de cada paciente.

Quizá ese sea el cambio más profundo.

Durante siglos, recuperar la vista fue casi un milagro de la cirugía.

En el siglo XXI comienza a parecerse cada vez más a una ciencia de datos aplicada al cuerpo humano.

Y mientras las pantallas muestran mapas digitales, los algoritmos refinan cálculos imposibles para el ojo humano y los nuevos lentes corrigen defectos que antes requerían varias intervenciones, una vieja enfermedad asociada al envejecimiento empieza a convertirse en una de las historias de éxito más notables de la medicina moderna.

En la cirugía de cataratas, el futuro ya no se anuncia.

Está entrando al quirófano.

Fuente: Redacción Medica

Las niñas sufren "exclusión" en los videojuegos y muchas "camuflan su identidad"

Las niñas sufren exclusión en los videojuegos online, por lo que se ven obligadas a "camuflar su identidad" con avatares masculinos o nombres neutros para no ser "insultadas" o apartadas, según la investigación Cyber-Resistance, liderado por el equipo Valores Sociales de la Universidad de Deusto en colaboración con la consultora canaria Opciónate-Mejora Tu Vida.

En concreto, el estudio ha analizado la tercera brecha digital de género y las ciberviolencias machistas en la infancia, entre los 5 y los 13 años, en nueve centros educativos públicos, privados y concertados de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y cuatro de Gran Canaria entre 2023 y 2026.

El estudio, cuya investigadora principal es la profesora de la Universidad de Deusto, Estíbaliz Linares, constata que la socialización digital comienza prácticamente desde el nacimiento. Lo que el equipo investigador llama la 'cuna digital' evoluciona rápidamente, de forma que, a los 5 o 6 años, los menores interactúan con tablets y videojuegos, mientras que a los 6 o 7 años ya manejan los teléfonos de sus madres y padres o llevan relojes inteligentes, 'smartwatches'.

El gran salto cualitativo ocurre entre los 8 y 9 años, edad a la que se generaliza la posesión de un teléfono móvil propio y la apertura de cuentas en redes sociales como TikTok.

Videjouegos de fuerza y poder versus tutoriales de belleza y bailes

La investigación refleja que los niños monopolizan los videojuegos de combate, competitivos y deportivos, "vinculando su identidad digital a la fuerza, el poder y la violencia". Por el contrario, las niñas se concentran en redes de edición de imagen y vídeo, donde consumen tutoriales de belleza, estética y bailes.

El estudio advierte de que esto promueve "una marcada hipersexualización, y las empuja a encajar en cánones estéticos muy normativos y restrictivos".

La Justicia le exige a la SIDE entregar los archivos de la dictadura

El Tribunal Oral Federal 1 hizo lugar a un pedido de la fiscalía y del CELS para acceder de manera completa a documentación de la exSIDE. El juez Adrián Grünberg intimó al actual jefe del organismo, Cristian Auguadra, a entregar material que puede contener información clave sobre secuestros, desapariciones y el funcionamiento del aparato represivo durante la última dictadura.

La Justicia volvió a poner bajo la lupa los archivos de inteligencia de la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), a partir de un pedido realizado por la fiscalía y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), intimó al jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, a entregar documentación histórica en su totalidad y sin las tachaduras que puedan impedir el acceso a información relevante para investigar crímenes de lesa humanidad.

La resolución fue firmada por el juez Adrián Grünberg y adquiere especial importancia porque los documentos reclamados pueden aportar elementos para reconstruir el funcionamiento de los organismos de inteligencia durante el terrorismo de Estado, además de contribuir a esclarecer casos de secuestros y desapariciones.

La decisión judicial coloca nuevamente a la SIDE frente a una obligación que excede la discusión administrativa sobre archivos reservados: preservar y poner a disposición de la Justicia información que puede resultar fundamental para conocer qué ocurrió durante uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

Documentos que pueden ser claves para causas de lesa humanidad

El pedido de la fiscalía y del CELS apunta a que los documentos sean entregados de manera íntegra. El reclamo busca evitar que las partes consideradas sensibles por el organismo de inteligencia aparezcan ocultas mediante tachaduras que impidan reconstruir nombres, operaciones, seguimientos o vínculos entre estructuras represivas.

La preocupación no es menor. Los archivos de los organismos de inteligencia constituyen una fuente documental de enorme valor para los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.

En muchos casos, la reconstrucción de lo ocurrido durante la dictadura depende de cruzar testimonios de sobrevivientes, documentación militar, registros administrativos y archivos de inteligencia.

Una línea tachada puede parecer insignificante. Sin embargo, un nombre, una fecha, un destino o una referencia interna pueden permitir establecer una conexión decisiva para una investigación.

Por eso, el TOF1 avaló el pedido para que la documentación sea accesible sin modificaciones que obstaculicen el conocimiento de información relevante.

El juez Adrián Grünberg

La resolución quedó en manos de Adrián Federico Grünberg, juez del Tribunal Oral Federal 1 y magistrado con trayectoria en causas vinculadas con el terrorismo de Estado.

Grünberg también participó durante este año en actividades relacionadas con la construcción de memoria sobre la dictadura. En mayo presentó en la Feria del Libro su obra Manual sobre el terrorismo de Estado en Argentina, en una actividad dedicada precisamente a reflexionar sobre las herramientas necesarias para transmitir ese período histórico a las nuevas generaciones.

La intervención del magistrado en este expediente adquiere, por lo tanto, una dimensión particularmente significativa: la Justicia no solamente reclama documentos, sino que vuelve a señalar la importancia de preservar las huellas documentales de la represión estatal.

Auguadra, otra vez en el centro de la escena

El destinatario de la intimación judicial es Cristian Auguadra, actual titular de la SIDE.

Auguadra asumió al frente del organismo a fines de 2025 y desde entonces quedó involucrado en una profunda transformación del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno de Javier Milei. Su gestión estuvo marcada por la ampliación de facultades de la SIDE y por una mayor centralización de la estructura de inteligencia.

El funcionario ya había quedado bajo observación del Congreso. En julio, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia decidió convocarlo para que concurra al Parlamento y explique aspectos vinculados con el funcionamiento de la SIDE y la reforma del Sistema Nacional de Inteligencia.

La citación parlamentaria fue impulsada durante la primera reunión de la comisión bajo la presidencia del diputado Sebastián Pareja, en un contexto de fuertes disputas políticas alrededor del manejo de los organismos de inteligencia.

Ahora, además, Auguadra deberá responder ante una intimación judicial vinculada con el acceso a documentación de la dictadura.

La SIDE ya había comenzado a desclasificar documentos

La situación presenta una particularidad: el propio Gobierno había anunciado durante 2026 un proceso de desclasificación de archivos históricos de la SIDE.

En marzo, el organismo comenzó a publicar documentos correspondientes al período 1973-1983, en el marco de una iniciativa oficial destinada a facilitar el acceso público a material relacionado con la última dictadura. El plan contemplaba además la preservación de los documentos y su posterior transferencia al Archivo General de la Nación.

En abril, la SIDE anunció la publicación de otros 17 documentos y señaló que continuaría con el proceso de apertura de los archivos históricos. Entre el material difundido había documentación correspondiente al período 1946-1983.

Entre los documentos desclasificados apareció, incluso, evidencia de que la propia SIDE había participado durante la dictadura en la elaboración de una publicación destinada a contrarrestar las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.

El proceso de apertura, sin embargo, enfrenta ahora una definición judicial: los documentos que puedan ser relevantes para causas de lesa humanidad deben llegar a los tribunales de manera completa y sin obstáculos que impidan conocer su contenido.

El límite entre desclasificar y ocultar

El caso pone en discusión una cuestión central: qué significa realmente desclasificar documentos.

No alcanza con poner archivos a disposición si las partes fundamentales aparecen ocultas. Tampoco resulta suficiente que una institución publique determinados documentos mientras conserva bajo reserva otros elementos que podrían ser necesarios para reconstruir hechos investigados judicialmente.

El criterio de la Justicia apunta precisamente a esa cuestión.

Cuando existe una investigación por delitos de lesa humanidad, el interés por conocer la verdad histórica y judicial prevalece sobre la posibilidad de mantener ocultos datos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, dentro de los límites que establezca la legislación.

La documentación de inteligencia puede contener información especialmente delicada, pero también puede guardar respuestas que las víctimas y sus familiares buscan desde hace décadas.

Memoria, verdad y archivos

A casi medio siglo del golpe de Estado de 1976, los archivos continúan siendo una pieza fundamental para completar el mapa de la represión.

La dictadura dejó miles de víctimas, centros clandestinos, operaciones de inteligencia, secuestros, asesinatos y desapariciones. Una parte de esa historia fue reconstruida gracias al trabajo de organismos de derechos humanos, sobrevivientes, periodistas, investigadores y jueces.

Pero todavía existen zonas oscuras.

Los documentos que permanecieron bajo custodia de los organismos de inteligencia pueden ayudar a iluminar esas zonas. Por eso, el reclamo del CELS y de la fiscalía no representa solamente una disputa sobre el acceso a papeles oficiales: se inscribe en una búsqueda mucho más amplia de verdad y justicia.

La intimación del TOF1 vuelve a poner ese principio sobre la mesa.

Una prueba para la nueva SIDE

La decisión judicial también representa una prueba institucional para la SIDE de Auguadra.

El organismo deberá demostrar si la política de desclasificación anunciada por el Gobierno se traduce en un acceso efectivo a la documentación histórica o si persisten restricciones que dificultan las investigaciones judiciales.

En un país donde los juicios por crímenes de lesa humanidad constituyen una política de Estado reconocida internacionalmente, los archivos de inteligencia no pueden ser tratados como patrimonio privado de los organismos que los produjeron.

Son parte de la memoria documental de la Nación.

La orden de Grünberg plantea, en definitiva, una cuestión elemental: si un documento puede ayudar a saber quién fue secuestrado, quién desapareció, quién vigiló, quién ordenó y cómo funcionó el aparato represivo, ese documento debe estar al alcance de quienes tienen la responsabilidad de investigar y juzgar esos crímenes.

Ahora la pelota está del lado de la SIDE. Y la Justicia ya dejó claro que, en este caso, las tachaduras no pueden convertirse en otra forma de silencio.

Operativo frustrado de Milei y Karina con Adidas: se tomaron las medidas para posar con camisetas con cuatro estrellas

La intención de la marca era que estuvieran listos para el encuentro con el plantel de Messi, si se obtenía el bicampeonato.

Javier Milei y Karina Milei hicieron el modelaje de la marca Adidas para tener lista la camiseta nueva de la selección, con las cuatro estrellas, por si Argentina ganaba el campeonato mundial de fútbol en Estados Unidos.

Fuentes al tanto de la situación dijeron a LPO que el Presidente y su hermana se tomaron las medidas para tener la casaca entallada al cuerpo y poder lucirla en caso que los jugadores del plantel de Lionel Scaloni accedieran a la foto con ellos en Casa Rosada. En la industria de la indumentaria deportiva, se conoce esa sesión como el moulage, un término francés que significa "moldeado" en castellano y su pone que se ajusta la prenda a la figura del maniquí.

La información trascendió el viernes pasado pero estuvo guardada en estricto secreto porque una filtración de ese tipo hubiera derivado en la acusación de "mufa" para los hermanos Milei, la imputación más grave de todas para los cabuleros del fútbol.

De hecho, el combinado argentino cayó ante su par español y quedó segundo. Acaso la jugada de Adidas y Milei alimente la especulación de los supersticiosos en la búsqueda de razones para explicar la derrota en Nueva York.

Mejoró la imagen de Karina Milei: sólo la rechaza el 70 por ciento

El rechazo a la hermana presidencial cayó 3,6 puntos desde abril. La imagen positiva no llega al 10 por ciento y le gana Adorni.

La imagen de Karina Milei se recuperó en mayo y ahora el rechazo alcanza sólo al 70 por ciento, aunque la mejora todavía no se traslada a la positiva que cayó por debajo del 10 por ciento.

Una encuesta de la consultora Synopsis a la que accedió LPO muestra que la imagen negativa de la secretaria general de la Presidencia fue del 70 por ciento en mayo, lo que implica una baja de 3,6 puntos respecto de abril cuando llegó al pico histórico de 74,6 por ciento.

De todos modos, la caída todavía no se refleja en un crecimiento de la imagen positiva, que también bajó y ahora se ubica en 9,7 por ciento, su piso histórico. En abril, la aprobación de Karina era del 11,1 por ciento.

No todas son malas para la hermana presidencial. Con los datos de la encuesta puede disfrutar el alivio de que su imagen negativa sea mejor que la de Manuel Adorni, que en mayo también mejoró pero quedó en 71,5 por ciento (contra 74,1 por ciento de abril). Pero a pesar de estar agobiado por los casos de corrupción, el jefe de Gabinete tiene mejor imagen positiva que Karina: 13,2 por ciento.

Respecto a sus escándalos, el 63,8 por ciento está "total o bastante convencido" de que Adorni se enriqueció ilegalmente y un 77,4 por ciento cree que Milei debería pedirle la renuncia o apartarlo.

En el caso de Javier Milei, la imagen negativa en mayo fue del 58,1 por ciento, con una leve baja desde abril, y la negativa fue del 29,2 por ciento, también con una leve disminución.

En la consulta sobre el desempeño del gobierno, también hubo una leve mejora en mayo cuando la negativa fue del 54,5 por ciento tras haber tocado los 60 puntos.

El panorama de la encuesta es muy preocupante para el gobierno respecto a la economía. El 52,1 por ciento de los consultados dice que la situación económica está peor que hace un año y el 43,5 por ciento considera que estará peor dentro de un año.

Además, el 59,9 por ciento dice que su poder adquisitivo está peor o mucho peor que hace un año y el 51,1 por ciento dice que su economía está peor que en 2023.

El ajuste que se sostiene con fondos que no llegan a su destino: las denuncias sobre el esquema de Milei y Caputo

La discusión por el “equilibrio fiscal” del Gobierno suma un nuevo capítulo. Una denuncia de la diputada Marcela Pagano señala que el Ejecutivo habría utilizado recursos con destino específico para sostener las cuentas públicas, mientras obras de infraestructura y mantenimiento permanecen paralizadas.

El relato oficial sobre el equilibrio fiscal vuelve a quedar bajo la lupa. Una nueva denuncia parlamentaria puso el foco sobre el mecanismo mediante el cual el Gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, administra recursos que tienen destinos específicos y que, según la acusación, terminan siendo utilizados para mejorar el resultado fiscal.

El caso que encendió la discusión fue el de los fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales. Pero, de acuerdo con la denuncia de la diputada Marcela Pagano, el fenómeno sería más amplio y alcanzaría partidas vinculadas con infraestructura hídrica, transporte ferroviario y transporte automotor.

La cuestión adquiere particular relevancia porque buena parte de esos recursos proviene de impuestos y tasas que los ciudadanos pagan con una finalidad determinada. El interrogante que aparece detrás de la denuncia es sencillo, pero políticamente incómodo: si los fondos fueron recaudados para financiar determinadas obras y servicios, ¿por qué no llegan a esos destinos?

El caso del impuesto a los combustibles

El conflicto comenzó a tomar mayor dimensión a partir de las denuncias relacionadas con el Impuesto a los Combustibles. Parte de esos recursos tiene asignaciones específicas vinculadas con infraestructura y transporte.

Sin embargo, la acusación sostiene que el Gobierno habría retenido o derivado una proporción significativa de ese dinero, contribuyendo de esa manera a mejorar el resultado fiscal,  esta modalidad no sería un episodio aislado, sino parte de una estrategia más amplia de administración de partidas presupuestarias.

El resultado es una paradoja: mientras el Poder Ejecutivo exhibe como uno de sus principales logros la obtención del superávit fiscal, diferentes áreas del Estado denuncian falta de recursos para cumplir con las funciones para las cuales esos fondos fueron creados.

Las rutas deterioradas, las obras paralizadas y la infraestructura que espera inversiones aparecen así como la otra cara de las cuentas públicas ordenadas.

La denuncia de Marcela Pagano

La diputada Marcela Pagano puso el foco sobre el destino de los recursos y extendió la denuncia más allá de la cuestión vial.

Según su planteo, partidas destinadas a infraestructura hídrica, ferrocarriles y transporte automotor también habrían sido utilizadas de manera diferente a los objetivos originalmente establecidos.

La denuncia abre una discusión institucional sobre el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para reasignar recursos y sobre los controles que deberían ejercer el Congreso y los organismos encargados de auditar el gasto público.

No se trata únicamente de una disputa contable. En juego está la definición de qué significa realmente alcanzar el equilibrio fiscal: si consiste exclusivamente en cerrar las cuentas del Estado con resultado positivo o si ese resultado debe analizarse conjuntamente con el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias.

El “superávit” y sus zonas grises

Desde el inicio de su gestión, Milei convirtió el déficit cero en uno de los ejes centrales de su programa económico.

El Gobierno presenta el equilibrio fiscal como condición indispensable para terminar con la inflación, recuperar la confianza de los mercados y estabilizar la economía. Caputo, por su parte, convirtió el control del gasto en una de las principales herramientas de su política económica.

Pero la discusión actual introduce una pregunta diferente: ¿qué costo tiene el superávit cuando se consigue postergando gastos que el propio Estado está obligado a realizar?

El argumento de los críticos del Gobierno es que no todo ajuste representa eficiencia. Si una obra pública se paraliza, si una ruta deja de recibir mantenimiento o si un sistema ferroviario queda sin inversiones, el gasto simplemente puede estar siendo trasladado hacia el futuro.

En otras palabras, el ahorro de hoy puede transformarse en un costo mayor mañana.

Un Estado que recauda pero no ejecuta

El esquema denunciado también vuelve a colocar en el centro del debate una característica de la gestión libertaria: la decisión de reducir drásticamente la inversión pública.

El Gobierno sostiene que muchas de esas funciones pueden ser asumidas por el sector privado y que el Estado debe concentrarse en sus responsabilidades esenciales. Pero cuando se trata de recursos con asignación específica, la discusión adquiere otra dimensión.

Los ciudadanos pagan determinados impuestos bajo la expectativa de que esos fondos serán utilizados para financiar servicios u obras concretas. Si la recaudación aumenta pero la ejecución no acompaña, aparece un desfasaje entre lo que el Estado cobra y lo que efectivamente devuelve en forma de infraestructura.

Ese desfasaje es precisamente uno de los puntos que deberá explicar el Gobierno.

Caputo, en el centro de la discusión

El ministro de Economía vuelve a quedar en el centro de las críticas opositoras.

Caputo logró construir buena parte de su estrategia alrededor de una premisa: reducir el gasto y sostener el equilibrio fiscal como condición para estabilizar la economía. Pero las denuncias sobre la utilización de fondos con destinos específicos agregan una discusión política que excede las planillas de Hacienda.

La oposición busca determinar si el superávit es consecuencia de una verdadera mejora estructural de las cuentas públicas o si parte del resultado se explica por la postergación de obligaciones, la subejecución presupuestaria y la utilización de recursos que tenían otros destinos.

De hecho, la cuestión ya había generado pedidos de explicaciones e iniciativas para interpelar al ministro por el manejo de los fondos destinados a las rutas.

El costo oculto del ajuste

La discusión sobre el destino de los recursos pone en evidencia una de las tensiones centrales del programa económico de Milei.

El Gobierno necesita mostrar que el Estado gasta menos. Pero una administración pública no se mide únicamente por cuánto dinero deja de gastar. También debe evaluarse qué servicios presta, qué infraestructura conserva y qué obligaciones cumple.

Una ruta sin mantenimiento puede no aparecer inmediatamente como déficit fiscal. Una obra hidráulica paralizada tampoco. Un ferrocarril sin inversiones puede no alterar de inmediato una planilla contable.

Pero todos esos problemas tienen consecuencias económicas.

El deterioro de la infraestructura aumenta los costos logísticos, afecta la competitividad de las empresas, genera riesgos para quienes utilizan las rutas y obliga, tarde o temprano, a realizar inversiones mayores.

Una discusión que recién comienza

La denuncia sobre el supuesto desvío de fondos obliga a mirar el superávit fiscal desde otra perspectiva.

El debate ya no es simplemente si el Gobierno logró gastar menos que antes. La pregunta es cómo consiguió ese resultado y qué partidas quedaron relegadas para alcanzarlo.

La administración Milei construyó buena parte de su legitimidad económica alrededor de una consigna sencilla: “no hay plata”. Ahora la discusión empieza a girar en sentido inverso: plata hubo, porque el Estado recaudó; lo que resta determinar es dónde terminó y qué sucedió con los recursos que tenían un destino previamente establecido.

La respuesta será clave para medir la verdadera dimensión del equilibrio fiscal.

Porque una cuenta pública puede cerrar en positivo y, al mismo tiempo, acumular una deuda silenciosa en rutas, trenes, obras hidráulicas y transporte.

El superávit puede verse en una planilla. El costo de la desinversión, en cambio, aparece sobre el territorio.

LA SELECCIÓN ARGENTINA DIJO NO A LA INVITACION DE MILEI PARA ASISTIR A CASA ROSADA

Hay una escena que resume mejor que cualquier discurso lo que dejó la final del Mundial. De un lado, funcionarios pensando cómo recibir a la Selección. Del otro, los jugadores haciendo las valijas con una sola idea en la cabeza: volver a sus casas.

Mientras el Gobierno analizaba distintos formatos para homenajear al plantel, los campeones del mundo eligieron el camino menos ruidoso. No hubo caravana, ni balcón, ni acto oficial. Hubo silencio. Y, para una derrota, probablemente era lo único que correspondía.

Javier Milei contó en una entrevista televisiva que se habían preparado varias alternativas para recibir al equipo, pero que fueron los propios futbolistas quienes decidieron que no hubiera festejos. La explicación es tan sencilla que cuesta entender por qué hizo falta decirla: habían perdido una final del mundo.

No había nada que celebrar.

Sin embargo, en la Argentina parece existir una extraña necesidad de convertir cualquier episodio deportivo en una oportunidad política. Si la Selección gana, aparecen los saludos oficiales, las fotos y los discursos. Si pierde, algunos igual buscan la manera de quedar dentro de la imagen.

Como si el fútbol nunca pudiera pertenecer solamente a los futbolistas.

Lo llamativo no es que el Gobierno hubiera pensado un recibimiento. Es lógico que un subcampeón del mundo merezca reconocimiento. Lo desconcertante es la velocidad con la que algunos sectores imaginan escenarios antes de preguntarse qué sienten quienes acaban de perder el partido más importante de sus carreras.

No hacía falta un comité organizador.

Hacía falta ponerse por un instante en la piel de un plantel que estuvo a un paso de volver a escribir la historia.

La decisión de los jugadores terminó siendo, quizás sin proponérselo, una lección de sobriedad. No buscaron disfrazar la frustración de épica. No aceptaron que les organizaran una celebración para maquillar el resultado. Tampoco alimentaron esa costumbre tan argentina de presentar cada derrota como una victoria moral.

Perdieron.

Y actuaron como pierde la gente que compite en serio.

Con bronca.

Con tristeza.

Con ganas de desaparecer unos días.

En tiempos donde todo parece necesitar una transmisión en vivo, una puesta en escena y una publicación en redes sociales, el plantel eligió algo que hoy resulta casi revolucionario: preservar la intimidad del fracaso.

Porque perder también forma parte del deporte.

Y no todas las emociones necesitan un escenario.

Quizá esa haya sido la imagen más auténtica que dejó el regreso desde Estados Unidos. No hubo colectivos descapotables ni balcones repletos. Tampoco hubo dirigentes disputándose un lugar en la foto.

Solo un grupo de futbolistas que prefirió volver a abrazar a sus familias antes que participar de una ceremonia que jamás habían pedido.

Hay veces en que el mejor homenaje consiste, simplemente, en no molestar.

Y esta fue una de ellas.

Hidrovía: Jan de Nul gana la privatización más importante de la era Milei

El gobierno abrió los sobres de la tercera etapa. Jan de Nul y DEME empataron en la oferta económica, pero la primera sacó ventaja en la parte técnica.

La empresa belga Jan de Nul ganó la licitación para quedarse con el manejo de la Hidrovía, la mayor privatización de la era Milei, algo que se oficializará en los próximos días tras el cierre de la etapa de impugnaciones.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) llevó a cabo este martes la apertura de sobres de la tercera etapa de la licitación, la más importante, y Jan de Nul es el virtual ganador de la compulsa contra la también belga DEME, luego de un proceso que fue menos conflictivo que el anterior, pero que no estuvo exento de maniobras.

Es que se trata de la privatización más importante de la era Milei y un logró nítido de la gestión libertaria; tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández fracasaron en su intento de modernizar la hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los corredores fluviales más extensos del mundo por donde sale casi toda la producción de soja de la región. El dragado y modernización de la ruta demandará unos USD 10 mil millones y dejaría a los concesionarios una ganancia de USD 3.000 millones en los 25 años de concesión.

Las ofertas económicas presentadas por Jan de Nul y DEME fueron idénticas, por lo que definirá la licitación es la parte técnica donde la primera sacó una ventaja de 24 puntos, indescontable. "Las dos presentaron el piso de las bandas que estaban establecidas para la etapa 0, 1 y 2", confirmaron a LPO desde el gobierno. Las tarifas propuestas fueron USD 3,80 para la etapa 0; USD 4,65 para la etapa 1; y USD 5,78 para la etapa 2.

Fuentes del gobierno estimaron que con estas ofertas habrá un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares por año, ya que la tarifa del peaje bajaría un 15 por ciento.  

"Hay un empate en la parte económica, pero la ventaja técnica de 24 puntos que sacó Jan de Nul le dan el primer puesto y técnicamente le otorgan la victoria en la licitación", indicaron desde el gobierno, donde aclararon que ahora se abre la etapa de objeciones e impugnaciones, paso previo a la oficialización del ganador. Un dato a tener en cuenta: si DEME quiere impugnar el proceso deberá hacer un pago de 10 millones de dólares. LPO había anticipado en su momento que esos 24 puntos dejaban a Jan de Nul cerca del triunfo.

Al respecto, el Ministerio de Economía pareció enviar un aviso para que no intenten trabar el proceso: "Cabe destacar que ni Jan de Nul ni DEME presentaron impugnaciones en las dos instancias anteriores, ni cuestionaron los requerimientos del pliego", afirmó en un comunicado en el que celebró el proceso. No fue un comentario al pasar.

Flybondi, entre la “libertad” empresarial y una crisis que deja trabajadores y pasajeros en el aire

La aerolínea low cost atraviesa una fuerte crisis operativa y financiera. La Justicia embargó sus cuentas por deudas tributarias, mientras la empresa acumula salarios e indemnizaciones impagas y cientos de trabajadores reclaman respuestas. El caso vuelve a poner bajo la lupa el modelo de desregulación impulsado durante el gobierno de Javier Milei.

Flybondi fue presentada durante los últimos años como uno de los símbolos de la transformación del mercado aerocomercial argentino: menos regulaciones, mayor competencia y pasajes de bajo costo. Pero aquella promesa de libertad empresarial enfrenta ahora una realidad mucho más incómoda. Cancelaciones, vuelos que no despegan, trabajadores sin cobrar y una empresa que continúa comercializando pasajes mientras crecen sus obligaciones impagas.

La situación llegó a los tribunales. La Justicia ordenó embargar las cuentas bancarias de la compañía liderada por Leonardo Scatturice a raíz de una deuda reclamada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El monto reclamado, con intereses, asciende a unos $1.445 millones y comprende obligaciones tributarias vinculadas con retenciones de Ganancias, IVA y Bienes Personales. 

El embargo judicial se suma a un cuadro laboral cada vez más delicado. Según la información publicada por Página/12, Flybondi adeuda salarios a unos 300 trabajadores que permanecen en actividad y también mantiene obligaciones pendientes con más de 700 empleados que fueron despedidos. Los trabajadores anunciaron una movilización para este viernes en reclamo por los pagos adeudados. 

El contraste resulta difícil de ignorar: mientras una empresa que se promocionó bajo el paradigma de la eficiencia privada acumula reclamos laborales y fiscales, los pasajeros quedan expuestos a modificaciones y cancelaciones que alteran sus planes de viaje.

Pasajes a la venta, vuelos en duda

Uno de los puntos que genera mayor controversia es la continuidad de la comercialización de pasajes en medio de las dificultades para sostener una operación regular. La crisis no comenzó de un día para otro. Durante los últimos meses se acumularon señales de deterioro en la prestación del servicio, con una reducción importante de la capacidad operativa y numerosas cancelaciones.

Información difundida en junio ya daba cuenta de una crisis de magnitud, con una flota mayoritariamente inactiva y una cantidad de vuelos cancelados muy superior a la habitual. Un informe periodístico señaló que entre junio de 2025 y mayo de 2026 la compañía había cancelado más de 2.500 vuelos. (Diario El Sureño)

Ahora, el problema dejó de ser exclusivamente aerocomercial para transformarse también en un conflicto financiero y laboral.

La situación alimenta además las versiones sobre una eventual presentación judicial de la compañía. Aunque una hipótesis de concurso preventivo no equivale a una quiebra, una eventual decisión de ese tipo implicaría reconocer formalmente una situación de dificultades para afrontar las obligaciones asumidas.

El modelo libertario, bajo la lupa

El caso de Flybondi adquiere una dimensión política por el vínculo de su principal accionista, Leonardo Scatturice, con el entorno del gobierno de Javier Milei. La situación de la compañía aparece así en medio de uno de los principales debates económicos de la gestión libertaria: hasta dónde debe llegar la desregulación y qué ocurre cuando una empresa privada deja de cumplir con sus obligaciones hacia trabajadores, consumidores o el Estado.

La cuestión no es si una empresa privada debe ser protegida de sus propios errores. El punto central es otro: qué nivel de control debe ejercer el Estado para garantizar que la libertad de mercado no termine convirtiéndose en libertad para incumplir.

El discurso de la desregulación sostiene que la competencia beneficia al consumidor y obliga a las compañías a mejorar sus servicios. Pero cuando una empresa vende un pasaje que luego no puede garantizar, adeuda salarios y acumula obligaciones fiscales, la discusión deja de ser solamente económica.

También aparece una cuestión de derechos.

Porque detrás de cada vuelo cancelado hay un pasajero que puede perder una conexión, una reserva o un compromiso. Y detrás de cada salario impago existe un trabajador que debe afrontar alquileres, alimentos, servicios y gastos familiares.

Una crisis que excede a Flybondi

El caso también vuelve a poner en discusión el futuro de las aerolíneas low cost en la Argentina. El modelo puede ofrecer tarifas competitivas, pero requiere una estructura financiera sólida, mantenimiento adecuado, disponibilidad de aeronaves y capacidad suficiente para responder ante contingencias.

Cuando alguno de esos engranajes falla, el costo puede trasladarse rápidamente a los pasajeros y a los trabajadores.

La situación de Flybondi representa, por eso, algo más que el posible deterioro de una compañía aérea. Es una prueba concreta para una de las banderas económicas del Gobierno: la idea de que el mercado puede ordenar por sí mismo la actividad y que la intervención estatal debe reducirse al mínimo.

El embargo judicial demuestra que, aun bajo un esquema de desregulación, existen obligaciones que no desaparecen.

Los impuestos deben pagarse. Los salarios deben abonarse. Las indemnizaciones deben cumplirse. Y los pasajes vendidos deberían corresponderse con una capacidad real de prestar el servicio.

La discusión que queda planteada es incómoda para el relato libertario: la libertad económica puede significar menos trabas para las empresas, pero no puede convertirse en impunidad frente al incumplimiento.

Flybondi, aquella compañía presentada como emblema de la “revolución de los aviones”, enfrenta ahora una crisis que pone en cuestión precisamente esa promesa. Y mientras los tribunales embargan cuentas y los trabajadores marchan para cobrar lo que se les debe, miles de pasajeros miran sus reservas con una pregunta cada vez más concreta: si la empresa vende el pasaje, ¿quién garantiza que el avión finalmente despegue?

Cristina advierte a Kicillof: "si se parte en tres, se parte en cuatro"

La expresidenta cree que si el peronismo se rompe, también irán divididos Macri y Milei. En el kirchnerismo se ven con más chances en un escenario de dispersión de candidatos.

Cristina Kirchner cree que la elección presidencial de 2027 podría tener una dispersión de candidatos si el peronismo se rompe y comenta en sus conversaciones con distintos dirigentes que podría haber cuatro opciones competitivas, lejos del escenario polarizado que se vislumbra por ahora.

"Si se parte en tres, se parte en cuatro", es el análisis que hace la expresidenta ante los dirigentes que la visitan en San José 1111, y que creen que es un mensaje para Axel Kicillof.

El análisis de Cristina es que si el peronismo va dividido (con Kicillof por un lado y el kirchnerismo duro por otro), Mauricio Macri se vería tentado a no va a acordar con Javier Milei y armar una opción PRO pura. 

Es decir que una ruptura peronista desencadenaría la del PRO con LLA, ya que se despejaría el temor que una ruptura en la derecha favorezca el regreso del peronismo en el poder y en una elección de cuartos el macrismo podría aspirar a meterse en el ballotage.

Con ese panorama se daría una elección muy distinta a como está planteada actualmente, con Kicillof y Milei polarizando. Con cuatro opciones en la cancha, en el kirchnerismo creen que podrán monopolizar el armado de las listas desde San Jose 1111. Pero lo curioso es que a algunos en el entorno de Axel Kicillof no les molesta la ruptura, por las mismas razones: podría desembarazarse de los kirchneristas y armar todas sus listas.

Sergio Massa, que trata de mantener distancia de la interna, comparte la idea de Cristina de que podría haber una elección de cuartos.

En el camporismo están entusiasmados con esta idea porque le daría a Cristina el control total de las listas. La alternativa sigue siendo que Cristina encabece sabiendo que será impugnada y quede al frente de la boleta el candidato a vice, que podría ser Mariano Recalde o Wado de Pedro.

Quienes más empujan a Máximo Kirchner a ir por esta opción son los camporistas Facundo Tignanelli y Emmanuel González Santalla, que así podrían ser candidatos a intendente en La Matanza y Avellaneda, respectivamente. Los actuales intendentes dicen que si el peronismo va con dos listas en el Conurbano, perderán los municipios ante los libertarios.

Máximo todavía no define su postura sobre esa idea y mantiene el discurso de que hay una discusión de liderazgo entre Cristina y Kicillof que debe resolver la gente en las urnas. Pero no dice si esto debería ser en una PASO o en la elección general, dando lugar a la posible ruptura. No sería una novedad, ya pasó en el 2003, cuando el peronismo compitió con tres listas en las generales, un caos que Cristina intentó ordenar con la ley de las PASO.

Por eso, en el Gobierno tienen como prioridad política total conseguir la derogación o al menos la suspensión de la ley de las PASO, para agudizar la fragmentación peronista y evitarse el riesgo de salir segundo en las primarias.

 Mientras tanto, en el axelismo dicen que el acuerdo en los términos que lo plantea el camporismo es inviable porque implica el control total de Cristina en las listas, poniendo al vice, los legisladores y futuros ministros. Los kicillofistas dicen que eso termina en un nuevo gobierno como el del Alberto.

También sostienen que la negociación está difícil porque Kicillof quiere hablar directo con  Cristina, pero sin subordinación. Eso no pasa en la realidad y además la expresidenta manda a cerrar todas las negociaciones con Máximo, justamente lo que Kicillof no quiere aceptar.

 

Villarruel: "todos estamos esperando la declaración jurada de Adorni"

Hace dos semanas el presidente Milei adelantó que el jefe de Gabinete presentaría los papeles, pero no lo hizo.

Victoria Villarruel le tiró un dardo a Manuel Adorni al recordarles que "estamos todos esperando que presente su declaración jurada", algo que Javier Milei prometió hace dos semanas que haría.

Durante una visita a Rosario donde asistió a una misa en homenaje a su padre, la vicepresidenta tuvo un breve contacto con la prensa y sacudió al jefe de Gabinete que disfruta de unos días de tregua en medio de la interna oficialista por el caso Rufus.

"Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni", respondió una sonriente Villarruel cuando le consultaron sobre el escándalo de corrupción. La vice apuró el paso y no respondió cuando le preguntaron si el jefe de Gabinete tiene que renunciar.

Las palabras de Villarruel hacen referencia a los dichos del propio Javier Milei, que hace dos semanas dijo que Adorni presentaría la declaración jurada para dejar atrás el escándalo. Lo hizo luego de que Patricia Bullrich le diera un ultimátum en una entrevista.

"Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado", afirmó Milei, que dijo que Patricia "spoileó" a Adorni. Pero el spoiler no fue tal porque 13 días después no hay novedades sobre la declaración jurada y en el entorno del jefe de Gabinete dicen que todavía falta para que aparezca.

Los investigadores sospechan que la demora de Adorni tiene que ver con que teme que aparezcan nuevas revelaciones sobre su furioso incremento patrimonial, por lo que esperaría hasta último momento para que no le queda nada afuera.

El peronismo busca enfrentar a Milei

Kicillof, Máximo Kirchner y Massa acordaron una hoja de ruta hacia 2027. El entendimiento contempla una coalición amplia, reivindica las PASO como mecanismo para resolver las diferencias internas y deja abierta la competencia entre los distintos sectores. El desafío será transformar el acuerdo político en una estructura electoral capaz de enfrentar al oficialismo.

La foto de Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa en Retiro buscó transmitir algo más que una señal de distensión dentro del peronismo. Después de meses de disputas, cruces y estrategias electorales divergentes, los principales espacios del justicialismo comenzaron a delinear un principio de acuerdo con la mirada puesta en 2027 y, sobre todo, en la necesidad de construir una alternativa frente al gobierno de Javier Milei.

El encuentro tuvo un objetivo concreto: establecer las condiciones sobre las cuales pueda edificarse una coalición capaz de contener a las distintas expresiones del peronismo y sectores aliados. No se trata todavía de definir candidaturas ni de cerrar una conducción única, sino de establecer reglas de convivencia para evitar que las diferencias internas terminen favoreciendo al oficialismo.

La discusión adquiere especial importancia porque el peronismo enfrenta un escenario en el que la fragmentación puede convertirse en su principal adversario. La experiencia de los últimos procesos electorales mostró que las diferencias entre dirigentes, espacios y territorios pueden traducirse en derrotas aun cuando exista un electorado dispuesto a votar por una alternativa al Gobierno.

Una coalición con límites amplios

Uno de los puntos centrales del entendimiento es la construcción de un frente de límites amplios. La idea es que la unidad no quede restringida exclusivamente a las estructuras tradicionales del Partido Justicialista, sino que pueda incorporar a distintos sectores políticos y sociales que compartan una oposición al rumbo impulsado por Milei.

La fórmula tiene una lógica electoral evidente. El oficialismo apuesta a consolidar una identidad política propia y a convertir las elecciones de medio término y las futuras presidenciales en una disputa entre el modelo libertario y quienes se le oponen. Para el peronismo, en cambio, el desafío consiste en evitar que esa polarización se transforme en una división entre distintas ofertas opositoras.

Por eso, la discusión sobre la unidad no pasa solamente por reunir dirigentes. El objetivo es construir una propuesta que pueda sumar votos por fuera de los núcleos tradicionales del peronismo.

La amplitud del frente será, sin embargo, uno de los principales desafíos. Una coalición demasiado cerrada puede perder capacidad electoral; una alianza excesivamente amplia puede terminar diluyendo su identidad política y generando nuevas disputas internas.

Las PASO como mecanismo para resolver las diferencias

Otro de los puntos relevantes es la reivindicación de las PASO como herramienta para ordenar las internas. En lugar de intentar resolver las candidaturas mediante acuerdos cupulares, la propuesta contempla utilizar las primarias para que los distintos sectores puedan competir y que sea el voto el que determine quién encabezará la propuesta electoral.

La discusión no es menor. Las PASO pueden funcionar como una válvula de escape para una coalición con múltiples liderazgos. Kicillof, Massa, el kirchnerismo y otras estructuras territoriales tienen intereses propios y, en muchos casos, lecturas diferentes sobre el rumbo que debería adoptar el peronismo.

Aceptar la competencia interna supone reconocer esa diversidad en lugar de intentar ocultarla.

La denominada “sana competencia” aparece así como una de las claves del acuerdo: competir dentro de un mismo espacio, pero sin convertir la interna en una guerra que termine destruyendo al propio frente opositor.

El mensaje para los gobernadores

La cumbre también tuvo como destinatarios a los gobernadores peronistas y a los dirigentes provinciales que durante los últimos meses exploraron diferentes alternativas electorales.

Uno de los debates pendientes es el desdoblamiento de las elecciones provinciales. Cada gobernador enfrenta una realidad particular y puede evaluar que separar los comicios locales de los nacionales resulta conveniente para preservar su poder territorial.

El problema es que una estrategia de ese tipo puede complicar la construcción de una identidad nacional común.

Por eso, el acuerdo deberá encontrar un equilibrio entre la autonomía de los gobernadores y la necesidad de construir una estrategia electoral coordinada. La unidad no puede significar desconocer las particularidades provinciales, pero tampoco puede convertirse en una suma de decisiones aisladas.

El desafío de superar las heridas internas

El entendimiento entre Kicillof, Máximo Kirchner y Massa representa un avance, pero no significa que las diferencias hayan desaparecido.

Durante los últimos años, el peronismo atravesó fuertes enfrentamientos internos. La relación entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense estuvo marcada por disputas políticas y estratégicas, mientras que Massa mantuvo su propio espacio y una identidad política diferenciada.

La fotografía de Retiro busca, precisamente, comenzar a cerrar esa etapa.

Pero una cosa es acordar que hay que construir unidad y otra muy distinta es ponerse de acuerdo sobre qué peronismo se quiere construir.

Ese será el debate de fondo.

Porque para enfrentar a Milei no alcanza con una alianza electoral. El peronismo necesita definir una propuesta económica, social e institucional que pueda convencer a una sociedad atravesada por el deterioro del poder adquisitivo, las transformaciones del mercado laboral y las tensiones alrededor del rol del Estado.

Milei como factor ordenador

Paradójicamente, uno de los factores que más puede contribuir a la unidad peronista es el propio Gobierno.

Las políticas de Milei funcionan como un elemento ordenador para sectores que, aunque mantienen diferencias ideológicas o de conducción, coinciden en cuestionar el programa libertario.

La defensa de un Estado con mayor presencia, las políticas sociales, el sistema previsional, la educación pública, la salud y el rol de las provincias aparecen como posibles puntos de encuentro.

La pregunta será si esos elementos alcanzan para construir una mayoría electoral.

El oficialismo, mientras tanto, avanza en su propia estrategia de alianzas y busca ampliar su base política. En ese escenario, el peronismo sabe que no tiene demasiado margen para repetir viejas disputas.

Una tregua que deberá convertirse en proyecto

El encuentro de Retiro puede ser leído como el comienzo de una nueva etapa. Kicillof, Máximo Kirchner y Massa encontraron un punto de coincidencia en la necesidad de preservar la unidad y establecer mecanismos democráticos para resolver las diferencias.

Pero la verdadera prueba llegará cuando haya que repartir lugares, definir candidaturas, establecer liderazgos y discutir un programa de gobierno.

Allí aparecerán nuevamente las tensiones.

La unidad peronista, entonces, no será solamente una cuestión de fotografías ni de declaraciones públicas. Será una construcción política cotidiana que deberá combinar amplitud, identidad y reglas claras.

El primer paso ya está dado: aceptar que ninguna de las principales corrientes puede imponerse por sí sola y que la competencia interna puede ser compatible con una estrategia común.

Ahora falta lo más difícil: convertir ese acuerdo en una alternativa electoral capaz de disputar el poder en 2027.

Porque si el peronismo logra transformar sus diferencias en competencia ordenada, puede recuperar capacidad electoral. Si vuelve a convertirlas en fractura, el oficialismo tendrá en sus manos una de sus mejores herramientas para permanecer en el poder.

Libertarios felices con Santiago Caputo en el balcón: "Vamos a estar en las listas"

Las Fuerzas del Cielo se entusiasman con el abrazo de Milei a Santiago Caputo en el balcón: "Vamos a estar en las listas".
 
El presidente hizo un fuerte gesto de respaldo al asesor y en su entorno creen que esta vez no los van a desplazar del armado. "Sin nosotros no llegan", advierten.

El abrazo que Javier Milei le dio a Santiago Caputo en el balcón de la Rosada fue interpretado por Las Fuerzas del Cielo como un gesto deliberado del presidente a su principal asesor para las listas del año que viene.

El gesto confirma el buen momento del asesor estrella con Milei, que decidió mantenerlo a salvo en la cima del poder libertario pese a la interna que tiene con Karina Milei y los Menem.

"El que mantiene a Santiago en el gobierno es Milei. A pesar de los ruidos, las internas a cielo abierto y los cambios de gabiente donde pareciera que Karina manda y decide todo, Santiago mantiene su altísimo cuota de poder en las principales estructuras del gobierno. Y eso es Milei puro. Que hace equilibrio y deja hacer", afirmó a LPO un integrante del gabinete.

Caputo tuvo que sobrevivir dos momentos claves contra el avance de Karina. El primero fue luego de las elecciones de octubre del año pasado, cuando se impuso la estrategia de la hermana del presidente y La Libertad Avanza triunfó en todo el país. 

Lijo avanza con la indagatoria a Adorni y preocupa a los hermanos Milei

El juez considera que las pruebas contra el jefe de Gabinete son tan contundentes que la indagatoria es inevitable.

Ariel Lijo está evaluando la citación a indagatoria para Manuel Adorni en la causa que investiga los presuntos hechos de corrupción que lo involucran, a partir de la compra de inmuebles y el nivel de consumo en dólares por encima de sus ingresos declarados. La decisión podría producirse esta semana bajo el argumento que "las pruebas contra Adorni son tan contundentes que es inevitable", dijeron en los tribunales de Retiro.

El magistrado delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita, que podría tomar licencia por tres semanas desde el próximo lunes pero antes de irse, según fuentes judiciales, dejaría el pedido de indagatoria notificado ante el juez. En cualquier caso, la pregunta que circula por pasillos judiciales es si el avance de Lijo implica una demostración acerca de que Karina Miei "le soltó la mano" a Adorni. 

Como sea, Juan Bautista Mahiques liberó el pliego de Tomás Rodríguez Ponte y sería remitido al Congreso entre lunes y martes de esta semana. Sin embargo, un juez explicó que Lijo y Mahiques habrían acordado que el ascenso de su histórico secretario de juzgado no podía someterse a la negociación que le habrían encargado al funcionario desde Casa Rosada para aplacar las causas que preocupan a los hermanos Milei.

De hecho, el propio Adorni se rebajó yendo a visitar a Mahiques a su despacho en el ministerio a fines de abril, para solicitar su auxilio en la causa. El ministro habría intentado hacer un puente entre el jefe de Gabinete y Pollicita pero el fiscal enfureció y cortó la comunicación telefónica.

Que de un paso al costado: Pablo Quirno también pidió que Victoria Villarruel

La fractura entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel continúa profundizándose. En un nuevo episodio de la crisis interna que atraviesa el oficialismo, el canciller Pablo Quirno reclamó públicamente que la titular del Senado abandone su cargo si considera que el mandatario no está en condiciones de conducir el país.

Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores se produjeron en medio de una creciente tensión política, luego de que Villarruel cuestionara públicamente el estado del Presidente y de que el Gobierno sufriera un revés legislativo en el Senado durante el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. 

"Que se corra"

Durante una entrevista televisiva, Quirno calificó como "muy desafortunadas" las expresiones de la vicepresidenta, quien días atrás había manifestado una "genuina preocupación" por el estado de Javier Milei y había hecho referencia a supuestas "persecuciones imaginarias" del jefe de Estado.

El canciller sostuvo que, si Villarruel realmente cree que el Presidente no está en condiciones de gobernar, debería abandonar su cargo.

"Si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que se corra", afirmó el funcionario, al tiempo que consideró que las declaraciones de la vicepresidenta constituyen un cuestionamiento incompatible con la responsabilidad institucional que implica integrar la fórmula presidencial. 

Acusaciones de desestabilización

Quirno fue incluso más allá y acusó a Villarruel de intentar erosionar al Gobierno desde el inicio de la gestión.

Según el canciller, la vicepresidenta habría mantenido reuniones con distintos sectores durante los primeros meses de la administración libertaria transmitiendo el mensaje de que estaba preparada para asumir la conducción del país si ocurría alguna crisis.

"Es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización", aseguró, una de las acusaciones más duras formuladas hasta ahora por un integrante del gabinete nacional contra la vicepresidenta. 

Se amplía el aislamiento de Villarruel

Las declaraciones de Quirno se suman al planteo realizado días atrás por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien también había pedido que Villarruel "dé un paso al costado" si no comparte el rumbo político del Ejecutivo.

El respaldo de otro ministro de primera línea confirma que la distancia entre la Casa Rosada y la vicepresidenta dejó de ser un conflicto personal para convertirse en una posición asumida por buena parte del gabinete nacional. 

El Senado, otro foco de conflicto

La nueva escalada ocurrió luego de una sesión clave en el Senado que profundizó el malestar del oficialismo.

La decisión de Villarruel de habilitar la participación remota de la senadora Anabel Fernández Sagasti —quien atraviesa un embarazo de riesgo— fue interpretada por sectores del Gobierno como un gesto favorable hacia la oposición. Esa determinación coincidió con la eliminación del capítulo del proyecto que buscaba flexibilizar la venta de tierras a extranjeros, una iniciativa impulsada por la Casa Rosada que finalmente debió ser retirada ante la falta de respaldo político. 

Una ruptura cada vez más difícil de revertir

El enfrentamiento entre Milei y Villarruel, que comenzó con diferencias políticas y de gestión, parece haber ingresado en una etapa de confrontación abierta. Los cuestionamientos públicos, las acusaciones de conspiración y los pedidos de renuncia evidencian un deterioro sin precedentes en la relación entre los dos máximos integrantes del Poder Ejecutivo.

Mientras el Gobierno busca cerrar filas detrás del Presidente, la vicepresidenta mantiene una posición cada vez más distante de la Casa Rosada. La sucesión de críticas provenientes de funcionarios de primera línea alimenta las especulaciones sobre el futuro de la relación institucional entre ambos y abre un nuevo frente de incertidumbre política para la administración libertaria.

Patear para Adelante. El calendario que explica la estrategia oficial

Según el programa financiero presentado por el Ministerio de Economía, el mayor desafío no está en 2026 sino en 2027. Mientras que los compromisos de deuda externa del Tesoro para el segundo semestre de 2026 ascienden a alrededor de US$ 8.200 millones, el monto prácticamente se triplica durante 2027, cuando los vencimientos de capital superan los US$ 23.600 millones y, si se agregan intereses, las necesidades financieras totales rondan los US$ 30.000 a US$ 32.000 millones, según distintas estimaciones privadas y oficiales.

El cronograma presentado por Economía concentra los principales pagos en tres momentos:

Fecha

Concepto

Monto aproximado

Julio de 2026

Bonos Globales y Bonares

US$ 4.400 millones

Enero de 2027

Servicios de deuda en moneda extranjera

US$ 3.000 millones

Julio de 2027

Amortización e intereses de Globales y Bonares

Más de US$ 10.000 millones

Segundo semestre de 2027

FMI, organismos multilaterales y otros títulos

Completa un total superior a US$ 23.600 millones de capital (más de US$ 30.000 millones con intereses)

Es precisamente ese perfil de vencimientos el que explica la decisión del Gobierno de anticiparse. Luis Caputo insistió en que el objetivo es llegar a diciembre de 2027 sin depender de una reapertura de los mercados internacionales. "Salir a los mercados es una opción, no un objetivo", resumió durante la presentación del programa financiero. La estrategia oficial prevé cubrir esas obligaciones mediante préstamos de organismos multilaterales, colocaciones de deuda en el mercado local, operaciones de financiamiento con bancos internacionales (REPO) y recursos provenientes de privatizaciones y concesiones.

Este cronograma es el corazón del debate político. Para el oficialismo constituye una señal de previsibilidad y solvencia: despejar el horizonte financiero antes del año electoral. Para la oposición y diversos economistas críticos, en cambio, implica trasladar una parte sustancial de las obligaciones al próximo ciclo político mediante nuevas fuentes de endeudamiento. Esa tensión —entre estabilizar el presente y condicionar el futuro— es el eje sobre el que gira la discusión económica de cara a 2027.

El impacto sobre la economía real: estabilidad para los mercados, alivio desigual para la producción

Hasta julio de 2026, el programa financiero del Gobierno produjo un efecto inmediato sobre las variables financieras. La presentación de Luis Caputo redujo las expectativas de un evento de cesación de pagos en el corto plazo, mejoró la cotización de los bonos soberanos y reforzó la idea de que el Tesoro dispondría de recursos suficientes para afrontar los vencimientos de 2026 y 2027 sin recurrir, por ahora, a una emisión masiva de deuda en los mercados internacionales. 

Sin embargo, el impacto sobre la economía productiva fue mucho más heterogéneo.

La industria manufacturera comenzó a mostrar una recuperación respecto del piso alcanzado durante 2024, aunque el crecimiento estuvo explicado en gran medida por la baja base de comparación y por algunos sectores específicos. La producción vinculada a la energía, la minería, el petróleo y la economía del conocimiento fue la que exhibió mejores indicadores, impulsada por inversiones orientadas a la exportación y por un escenario macroeconómico más estable.

En contraste, las pequeñas y medianas empresas continuaron enfrentando dificultades. El consumo interno aún no recuperaba plenamente el poder de compra perdido durante el ajuste inicial del Gobierno, mientras que el crédito productivo seguía siendo caro para proyectos de inversión de largo plazo. Muchas pymes priorizaron recomponer su capital de trabajo antes que ampliar su capacidad instalada.

Las economías regionales también mostraron un desempeño dispar. Los complejos exportadores se beneficiaron de una mayor previsibilidad financiera, pero actividades como el tabaco, el azúcar, la vitivinicultura, los cítricos y otras producciones regionales continuaban señalando problemas de competitividad asociados a los costos logísticos, la presión tributaria y el atraso relativo del tipo de cambio real.

En el mercado laboral la recuperación también fue desigual. Los sectores vinculados a la minería, la energía y algunos servicios intensivos en conocimiento comenzaron a generar empleo formal, mientras que ramas dependientes del mercado interno —como comercio, construcción e industrias manufactureras tradicionales— evolucionaban con mayor lentitud. La reducción de la obra pública nacional siguió afectando especialmente a la construcción y a toda su cadena de proveedores.

En síntesis, el programa financiero logró fortalecer la confianza de los mercados y mejorar las expectativas sobre la capacidad de pago del Estado. Pero, hasta julio de 2026, esa estabilidad todavía no se había traducido de manera homogénea en un crecimiento sostenido de la producción, la inversión privada ni el empleo. El Gobierno apostaba a que la consolidación de la estabilidad macroeconómica generara, en una segunda etapa, un efecto expansivo sobre la economía real. Sus críticos sostenían que la recuperación seguía concentrada en los indicadores financieros y en los sectores exportadores, sin un derrame suficiente sobre el aparato productivo y el mercado de trabajo. 

Fuente: somosargentina.info

Horas antes de la marcha, el gobierno le recortó 5300 millones a las universidades

En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA perdieron a un docente cada dos días desde que asumió Milei. Esperan una convocatoria masiva.

 

Horas antes de la marcha nacional, el gobierno le recortó 5300 millones de pesos a las universidades. En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA perdieron a un docente cada dos días desde que asumió Milei.

El gobierno lleva más de seis meses de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y los investigadores perdieron el 40% de su poder adquisitivo si se lo compara con diciembre de 2023.

Todas las universidades nacionales convocaron a una marcha para el martes y se espera una multitud frente a la Casa Rosada. En el día previo a la protesta, el gobierno anunció un recorte de 5300 millones de pesos que iban a destinarse a gastos de gastos de capital correspondientes a infraestructura del conocimiento.

La Universidad Nacional de La Plata perdió más de mil millones, la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda 700 millones cada una, Río Cuarto 680 millones y Entre Ríos 540 millones.

"Esperamos una marcha que supere a la abril de 2024. Hay mucha bronca acumulada y también un deterioro ético y moral del gobierno", le dijo a LPO Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

En Exactas la situación de crítica: gran parte de sus recursos están orientados a la investigación, el área que sufrió el recorte más duro del gobierno.

Desde diciembre de 2023, 438 profesores e investigadores renunciaron a sus cargos. La cifra implica un 16% de los 3000 docentes e investigadores totales de la facultad.

Según explicaron, investigadores y becarios del Conicet perdieron 40% del poder adquisitivo en dos años y medio.

La ANMAT autorizó la venta libre de diez grupos de medicamentos: desde cuándo rige la medida y cuáles son los cambios

Aquí tienes una nota periodística original, con un enfoque de servicio, explicando qué cambia con la medida, cuándo entra en vigencia y qué medicamentos comprende.

La ANMAT autorizó la venta libre de diez grupos de medicamentos: desde cuándo rige la medida y cuáles son los cambios

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y permitirá que una serie de medicamentos utilizados para tratar afecciones de baja complejidad puedan adquirirse sin receta médica. La medida comenzará a regir de manera inmediata.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso que diez grupos de medicamentos pasen de venta bajo receta a venta libre, una decisión que busca facilitar el acceso a tratamientos de uso frecuente para enfermedades consideradas de baja complejidad.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 4714/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a especialidades medicinales que contienen determinados ingredientes farmacéuticos activos y que, según el organismo, demostraron durante años un adecuado perfil de seguridad, eficacia y calidad.

¿Desde cuándo se podrán comprar sin receta?

La nueva normativa entrará en vigencia el miércoles 29 de julio de 2026, ya que la disposición establece que comenzará a aplicarse al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, ocurrida el 28 de julio. 

Esto significa que, desde esa fecha, los medicamentos alcanzados por la resolución podrán venderse como de venta libre siempre que correspondan a las concentraciones, presentaciones y formas farmacéuticas previstas por la ANMAT. 

Los diez grupos de medicamentos alcanzados

La disposición incluye medicamentos utilizados habitualmente para tratar distintos cuadros clínicos de baja complejidad. Entre ellos se encuentran:

  • Trimebutina (trastornos digestivos funcionales).

  • Levocetirizina (alergias).

  • Fexofenadina (rinitis alérgica y urticaria).

  • Dimenhidrinato (mareos y náuseas).

  • Además, la resolución incorpora otros principios activos destinados al tratamiento de afecciones oftalmológicas, dermatológicas y otras patologías leves, siempre en las dosis y presentaciones específicamente autorizadas por la ANMAT. 

El organismo aclaró que el cambio no alcanza a todas las formulaciones de esos medicamentos, sino únicamente a aquellas que cumplen con las concentraciones y vías de administración detalladas en la disposición.

¿Por qué la ANMAT tomó esta decisión?

Según explicó el organismo sanitario, la medida responde al proceso de revisión previsto por la normativa nacional para aquellos medicamentos que permanecieron durante al menos cinco años en el mercado bajo receta médica y que demostraron un perfil favorable de seguridad, sin registrar efectos adversos graves que modificaran la relación entre beneficios y riesgos.

El objetivo, indicaron desde la ANMAT, es facilitar el acceso a tratamientos seguros para afecciones de baja complejidad, reducir trámites innecesarios y promover un uso responsable de estos productos.

Qué implica para los pacientes

El cambio permitirá que miles de personas puedan adquirir estos medicamentos directamente en las farmacias sin necesidad de presentar una receta médica.

No obstante, especialistas recuerdan que la venta libre no significa que los medicamentos sean inocuos. La automedicación puede generar efectos adversos, interacciones con otros tratamientos o enmascarar enfermedades que requieren diagnóstico profesional.

Por ese motivo, farmacéuticos y médicos recomiendan respetar siempre las dosis indicadas en el prospecto, evitar tratamientos prolongados sin supervisión y consultar a un profesional cuando los síntomas persistan o se agraven.

Un proceso que podría continuar

La decisión forma parte de una política de revisión iniciada por el Ministerio de Salud para evaluar qué medicamentos pueden pasar a la categoría de venta libre sin comprometer la seguridad de los pacientes.

Desde la ANMAT señalaron que futuras evaluaciones podrían incorporar otros principios activos que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación vigente, aunque cada caso será analizado de manera individual antes de modificar su condición de expendio.

A 71 años del bombardeo a Plaza de Mayo: 350 muertos y 2.000 heridos en el intento fallido de matar a Perón

Pasaron más de 50 años hasta que el Estado reconociera oficialmente a las víctimas y se construyera el primer monumento en su memoria.

El 16 de junio de 1955, una treintena de aviones de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea bombardearon y ametrallaron Plaza de Mayo, la Casa Rosada y la sede de la CGT, en un intento de golpe de Estado que buscaba asesinar al entonces presidente Juan Domingo Perón y derrocar a su gobierno.

El ataque comenzó pasado el mediodía y se extendió durante casi cinco horas, hasta las 17:40, cuando los sublevados se rindieron ante las tropas leales al gobierno nacional. Se calcula que se arrojaron alrededor de 14 toneladas de bombas sobre el centro porteño en pleno horario laboral, lo que multiplicó la cantidad de víctimas civiles.

Según estimaciones de distintos historiadores, el bombardeo dejaría un saldo de más de 350 muertos y cerca de 2.000 heridos, aunque la investigación oficial del Archivo Nacional de la Memoria, realizada en 2009, logró identificar a 308 víctimas fatales y advirtió que la cifra real podría ser mayor debido a los cuerpos mutilados o calcinados que nunca pudieron reconocerse.

Una de las escenas que quedó grabada en la memoria de esa jornada fue la de un trolebús repleto de pasajeros que recibió el impacto directo de una de las primeras bombas. En las morgues, muchas víctimas debieron ser identificadas por sus delantales de trabajo, ya que sus cuerpos resultaron irreconocibles.

Un ataque para quebrar el apoyo popular

El bombardeo se produjo apenas cuatro años después de que Perón fuera reelecto con el 62,54% de los votos. Para los sectores militares, políticos, eclesiásticos y de la Sociedad Rural que conspiraban contra el gobierno, esa diferencia hacía imposible derrotarlo en las urnas. Por eso el objetivo del ataque no era solo militar: buscaba sembrar terror entre la población trabajadora y romper su adhesión al gobierno constitucional, golpeando además la sede de la CGT.

El intento de golpe fracasó esa misma tarde, pero sentó un precedente directo: tres meses después, el 16 de septiembre de 1955, un nuevo levantamiento militar sí logró derrocar a Perón a través de la autodenominada Revolución Libertadora, que lo obligó a un exilio que se prolongaría hasta 1972.

De la "masacre olvidada" al primer monumento

Durante décadas, el Bombardeo a Plaza de Mayo quedó como un capítulo silenciado de la historia argentina. Recién en 2005 la Secretaría de Derechos Humanos abrió la primera investigación oficial sobre lo ocurrido aquel 16 de junio. Tres años más tarde, en 2008, se inauguró frente a la Plaza de Mayo el primer monumento oficial dedicado a las víctimas, bautizado "Del cielo los vieron llegar".

En 2009 se sancionó la ley 26.564, que reconoció el derecho de las víctimas y sus familiares a percibir una indemnización del Estado. Hasta el día de hoy, ninguno de los responsables del ataque fue juzgado por lo ocurrido.

 

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