Una denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación de un corredor vial vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de contratación del Estado. El caso involucra a un exfuncionario del área de Transporte y a una empresa vinculada con su entorno familiar. La investigación deberá determinar si existió un conflicto de intereses y si se respetaron las normas de transparencia y competencia.
La adjudicación de un corredor vial a una empresa vinculada con la familia de un exsecretario de Transporte abrió una controversia sobre el manejo de los contratos públicos y los mecanismos destinados a prevenir conflictos de intereses.
Según informes periodicticos, el exfuncionario fue denunciado por su presunta intervención en una contratación que habría beneficiado a una firma relacionada con su entorno familiar.
La presentación plantea interrogantes sobre la transparencia del procedimiento, las condiciones de adjudicación y el cumplimiento de las obligaciones legales que rigen para quienes ejercen funciones públicas.
La existencia de una denuncia, sin embargo, no acredita por sí misma la comisión de un delito. Será necesario establecer qué participación tuvo el exfuncionario, cuál era su relación con la empresa y si existieron decisiones administrativas incompatibles con sus responsabilidades.
Franco Mogetta, el exfuncionario señalado
El funcionario denunciado es Franco Mogetta, quien se desempeñó como secretario de Transporte de la Nación entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, durante la gestión de Javier Milei.
La presentación fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien solicitó investigar si Mogetta utilizó su posición dentro del Estado para intervenir en el diseño de un sistema de concesiones que finalmente habría favorecido a una empresa de su familia.
El planteo apunta a reconstruir el proceso administrativo desde su origen: cómo se definieron las condiciones de la concesión, qué funcionarios participaron, qué empresas estuvieron involucradas y si existieron ventajas indebidas.
La cuestión resulta particularmente sensible porque el sistema de corredores viales involucra infraestructura estratégica, circulación de mercancías, transporte de pasajeros y recursos económicos provenientes de las concesiones.
El conflicto de intereses, en el centro de la denuncia
Uno de los aspectos jurídicos más importantes del caso es la posible existencia de un conflicto de intereses.
La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece obligaciones destinadas a evitar que los intereses particulares interfieran con el cumplimiento de las responsabilidades estatales.
Entre ellas se encuentran los deberes de transparencia, imparcialidad y abstención ante determinadas situaciones de incompatibilidad.
La relación familiar con una empresa adjudicataria no demuestra automáticamente una conducta delictiva. Sin embargo, puede justificar un examen más profundo cuando el funcionario denunciado tuvo responsabilidades sobre el área encargada de diseñar o administrar las contrataciones.
La investigación deberá determinar si existió alguna intervención concreta de Mogetta que pudiera haber beneficiado a la firma y si esa actuación vulneró las disposiciones legales.
Las concesiones viales y el negocio de administrar rutas
Las concesiones de corredores viales constituyen una de las áreas más sensibles de la relación entre el Estado y las empresas privadas.
A través de estos contratos se establecen responsabilidades de mantenimiento, explotación y administración de infraestructura utilizada diariamente por miles de personas.
Las condiciones económicas y técnicas de una licitación pueden resultar determinantes para establecer qué empresas están en condiciones de competir.
Por eso, la transparencia no se limita al momento de adjudicar una concesión. También debe garantizarse durante la elaboración de los pliegos, la definición de requisitos y la evaluación de las ofertas.
En este caso, la denuncia de Pagano apunta precisamente a examinar si el diseño del esquema de concesiones pudo haber favorecido intereses particulares.
Un nuevo examen para el discurso oficial de transparencia
El caso se inscribe en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa una mayor participación privada en la administración de infraestructura y servicios públicos.
El argumento oficial sostiene que las concesiones permiten reducir la intervención directa del Estado y trasladar determinadas responsabilidades al sector privado.
Sin embargo, incluso bajo ese modelo, el Estado conserva la obligación de garantizar procedimientos competitivos, transparentes y sujetos a controles.
La privatización de una actividad o su entrega en concesión no elimina las responsabilidades públicas sobre el destino de los recursos ni sobre la legalidad de los contratos.
Por el contrario, vuelve especialmente importante conocer quiénes resultan beneficiarios de las adjudicaciones y bajo qué condiciones.
Las preguntas que deberá responder la investigación
El expediente deberá permitir esclarecer si Mogetta participó en decisiones vinculadas con la concesión cuestionada, cuál era el alcance de sus atribuciones y qué relación societaria o familiar existía con la empresa beneficiada.
También será necesario establecer si el procedimiento respetó las normas de contratación y si se adoptaron medidas para prevenir posibles incompatibilidades.
Hasta que esos extremos sean investigados y acreditados, corresponde mantener la presunción de inocencia del exfuncionario.
La denuncia presentada por Pagano abre, de todos modos, un debate que excede a sus protagonistas: cómo garantizar que las decisiones sobre bienes y servicios públicos respondan al interés general y no a beneficios particulares.
La transparencia de una concesión no se mide solamente por el resultado de la adjudicación, sino también por la legalidad, la competencia y la imparcialidad de todo el proceso que condujo a ella.
Ese será el eje de la investigación sobre Franco Mogetta y la adjudicación del corredor vial cuestionado.
